Reseña

Es común constatar que los sistemas penitenciarios son un tema de debate y que, en América Latina al menos, reciben una valoración negativa tanto de la opinión pública como de otros actores institucionales y de la academia.
Los reportes al sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas, pero también a los sistemas regionales, como el de la Organización de Estados Americanos, suelen señalar una larga lista de problemas no resueltos y refieren a situaciones críticas de la vida cotidiana dentro de buena parte de las prisiones.
Este trabajo, inicialmente presentado a la Asamblea General del Parlamento de Uruguay y usado luego como instrumento de trabajo en diálogos con contrapartes, talleres de promoción con personas privadas de libertad y con funcionarios y técnicos de la gestión penitenciaria, tiene dos pilares conceptuales.
Por un lado, la asunción de que derechos y obligaciones van de la mano, para todas las personas y también para las organizaciones de cualquier tipo y en especial para la condensación jurídica del poder público: el Estado. Así, tanto las personas como las organizaciones de cualquier tipo y el Estado mismo, tienen obligación de respetar los derechos humanos.
Por otro lado, sumándose a la corriente constitucional latinoamericana de las primeras décadas del siglo XX, la Declaración Universal de Derechos Humanos es el fundamento basal de que el compromiso esencial de los Estados es hacer realidad los derechos humanos en sus respectivos países, siendo esa la razón esencial del Estado en cuanto organización. Los Estados asumen en la Declaración, pero también al aceptarla hoy como un catálogo ético mínimo ineludible, el deber de no hacer nada que atente contra esos derechos humanos. Y los derechos humanos no son otra cosa que las dimensiones que hacen que las personas sean humanas: la libertad en todas sus formas, la educación, la cultura, la participación política, la cultura, la no discriminación, la igualdad…