Reseña

El choque entre las necesidades de una correcta administración de justicia y las de una opinión pública que requiere información oportuna y precisa sobre los procesos judiciales en curso se está convirtiendo en un problema global, y que hasta ahora no ha encontrado una solución adecuada.
Las redes sociales y los medios de comunicación pueden afectar los derechos y garantías de un juicio justo y el prestigio del poder judicial, pero su protección puede afectar, a su vez, la libertad de expresión e información, generando un problema mayor al que se quiso solucionar.
Las problemáticas son múltiples: la divulgación de una condena que ya ha sido cumplida puede poner en riesgo el proceso de resocialización o predisponer al tribunal en un caso posterior. La mediatización de los juicios muchas veces busca crear un sistema de justicia paralelo, con sus propias sanciones y procedimientos, cuando no es utilizado para amedrentar testigos u obtener réditos políticos. Los jueces y fiscales ven reducida su libertad de expresión, en razón de la función social propia de su cargo, y no pueden defenderse frente a ataques infundados. Pero al mismo tiempo, su trabajo debe ser objeto de escrutinio público, por ser de alto interés público.
¿Qué derechos deben primar? ¿Puede el trabajo periodístico afectar el éxito de una investigación judicial, para bien o para mal? ¿Pueden suspenderse o anularse juicios por presiones mediáticas? ¿Cuándo es legítimo, para proteger a una víctima, restringir el acceso a la información de un proceso?
Estas y otras preguntas han sido poco abordadas por la doctrina. En este trabajo el autor busca aportar luz sobre ellas a través de distintos análisis: los diferentes derechos y bienes jurídicos en juego, los distintos momentos procesales, los objetivos propios de la actividad judicial y de los medios de comunicación y sus regulaciones, y las circunstancias propias de cada caso, abordándolas desde la experiencia, la doctrina y la jurisprudencia comparada.