Los actos administrativos y los efectos de su anulación jurisdiccional
La Constitución Uruguaya de 1952 creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (en adelante y le asignó el control jurisdiccional de legitimidad de los actos administrativos. De todos modos, esta asignación no fue ni completa, ni excluyente, sino con alcance limitado a la anulación o confirmación del acto (...)