Reseña

La presente investigación versa sobre la justicia administrativa en el Uruguay, analizando los principales aspectos del camino que debe recorrer una persona cuando se dicta un acto administrativo que considera ilegítimo, considerando los costos, trámites y formalidades a seguir. Esto permitió valorar las dificultades del acceso a la justicia y brinda insumos para solucionar los escollos del sistema, en aras de lograr el irrestricto cumplimiento de la tutela jurisdiccional efectiva, en el marco de un régimen garantista.De esta forma, se procuró describir el estado de situación del sistema contencioso administrativo de anulación en el Uruguay, durante un período determinado, habiéndose especificado el abordaje de lo ocurrido entre los años 2018 a 2020, a efectos de contar con un análisis actual. El Proyecto de Investigación pertinente, fue presentado ante la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) con la finalidad de indagar en el obrar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien tiene a su cargo el cometido de juzgar la legitimidad de los actos administrativos dictados en el ámbito de las personas públicas estatales, procurando contribuir a un mejor conocimiento así como a la difusión y discusión de la temática, con el propósito de brindar insumos que permitieran servir como herramienta en la materia. En el Proyecto inicial, se previó el análisis de los principales problemas que surgen de la aplicación de la normativa imperante en la materia, relacionando los mismos con el análisis de la formación que reciben los diversos operadores en ese sentido. Asimismo, se pretendió determinar cuál es la percepción de la efectividad del sistema contencioso administrativo de anulación, y cuáles son las circunstancias que se erigen como obstáculos para acudir a la jurisdicción referida. De esta forma, se previó analizar la conducta asumida por los diversos agentes, así como la percepción que existe entre los operadores jurídicos (públicos y privados) respecto del sistema. Hoy, a setenta años de la creación del TCA y contando con el mandato legislativo para realizar una reforma integral del sistema (en virtud de lo dispuesto por la Ley No. 20.010), nos encontramos ante una oportunidad histórica de producir un verdadero cambio de época que garantice la efectiva tutela de los derechos en la vida de las personas, afiance el Estado de Derecho y fortalezca la democracia.